Hay un inmenso volumen de asuntos encuadrables en la función administrativa en la Iglesia, tales como: nombramientos, traslados y remociones, enajenación de bienes, imposición de sanciones penales, permisos y licencias, erección y supresión de instituciones canónicas, etc. Desafortunadamente, no existen reglas o normas específicas para tratar muchos de estos asuntos. El procedimiento general o común para la toma de decisiones, que deben encauzarse a través de actos administrativos emitidos correctamente en todos sus aspectos, es un requerimiento mínimo para alcanzar una decisión justa y equitativa, que persiga a la vez la eficiencia en el gobierno eclesiástico y la protección adecuada de los derechos de los fieles.
